Chilpancingo, Gro., 26 de julio de 2023.- Atendiendo las necesidades en materia de protección civil, y en busca de
salvaguardar la integridad de las familias guerrerenses, el Congreso del Estado armonizó la ley en materia de Protección Civil y aprobó una
serie de exhortos a las instancias estatales y federales para que atiendan las deficiencias del rubro.
A principios del año, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura
aprobaron la reforma a la Ley de Protección Civil del Estado para
sancionar las llamadas falsas, de broma e improcedentes a los
números de Emergencia, asegurando el correcto funcionamiento del
Sistema Nacional de Atención a Emergencias, con el objetivo de
prevenir y sancionar el mal uso de estos servicios.
La reforma plantea también el reforzamiento de las estrategias y
acciones preventivas para concientizar a la población sobre el
adecuado uso de los sistemas de emergencia, y en esa medida
aumentar su eficacia en situaciones de riesgo, evitando la saturación
de las líneas telefónicas de los Centros de Atención, y favoreciendo
los tiempos de respuesta.
Atendiendo también el problema de los incendios forestales en la
entidad, se exhortó al secretario de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus; al delegado del
Gobierno Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz; a alcaldes,
alcaldesas y el Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para que
instrumenten los mecanismos de presupuestación, coordinación y
participación ciudadana, con el objeto de prevenir y mitigar el impacto
de estos siniestros.
El objetivo es contar con la participación de propietarios y poseedores
de terrenos forestales para que, de manera coordinada con las
instancias involucradas, integren las comisiones necesarias y
coadyuven con las tareas de prevención y combate de incendios
forestales a lo largo y ancho de la entidad.
Aunado a los exhortos antes mencionados, el Poder Legislativo, a
través de la Mesa Directiva y de la Comisión de Protección Civil, firmó
el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con la
Unidad Académica Regional de Educación Superior Zona Centro
Campus Zumpango de la Universidad Autónoma de Guerrero, para
establecer las bases de colaboración y directrices para la asesoría en
materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como el
desarrollo de proyectos y trabajos conjuntos en los campos de la
docencia, asesoría, investigación científica, tecnológica, ambiental,
difusión de la cultura y seguridad.
Además, como parte de las funciones de la comisión legislativa, se
logró que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil del Gobierno del Estado obtuviera este año un aumento
sustancial en su presupuesto, pasando de 348 millones 021 mil pesos
de 2022 a 379 millones 128 mil pesos en el 2023.
Lo anterior fue resultado de un amplio recorrido por las diferentes
regiones de la entidad, donde se dialogó con las alcaldesas, alcaldes y
directores de Protección Civil municipales para conocer las carencias
de sus unidades y, en consecuencia, dotarlas de las herramientas y
equipo apropiados, así como la capacitación de sus miembros.
Por último, el pasado 7 de julio, la Comisión de Protección Civil del
Congreso, en coordinación con la Uagro, realizó el Foro Estatal “Hacia
la revisión del marco jurídico sobre gestión integral de riesgos y
protección civil”, un parlamento abierto donde se escucharon las voces
del conocimiento, experiencia y datos sobre la ejecución de gobierno,
con el firme propósito de lograr un nuevo y actualizado marco legal de
gestión integral de riesgos y protección civil, acorde a las
circunstancias y necesidades actuales de Guerrero.
Producto de la amplia participación en este foro, se logró la recepción
de 109 propuestas, de entre las que destacan la mejora de la
infraestructura, equipamiento e insumos en las direcciones de
Protección Civil municipales, particularmente en los municipios
marginados del estado; integrar el Servicio Profesional de Carrera y
mantener a los elementos actualizados en cuanto a teoría y práctica
de la labor; inclusión de mujeres en la estructura de gestión de riesgo,
además de las asociaciones civiles, de científicos y académicos en el
Consejo Estatal de Protección Civil, y abrir la participación de la
ciudadanía en los cargos de consultores externos, por mencionar
algunos.
También se propone incluir la materia de protección civil en las
instituciones educativas; generar sistemas de alertamiento con
enfoque sistémico e integral, y conservar y vigilar las cuencas y
sistemas de alertamiento locales; integrar redes informativas de
comunicación y contar con un Centro Estatal de Investigación para
Prevención de Desastres Naturales, entre otros.