Con candidatos señalados y con una crisis de credibilidad aparecen con bajos puntos en las encuestas
Acapulco Gro., 12 de febrero del 2021(Noticias Acapulco al Desnudo.com) El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática(PRD) van juntos en el proceso electoral 2021, en medio de una crisis de credibilidad y con candidatos señalados.
De acuerdo a las últimas encuestas, ambos partidos, que nunca han ido juntos en un proceso electoral, ante la inminente derrota que le sobreviene, han buscado la alianza. Amén de la crisis de aceptación entre la ciudadanía, tienen que enfrentar la desaprobación de sus candidatos que no han respondido a las expectativas de los votantes.
Por un lado el PRI tiene a Mario Moreno Arcos, un priista que ha sido gracias al a padrinazgo, dos veces alcalde de Chilpancingo y que el 30 de enero del 2014, el empresario Pioquinto Damián Huato, acusó al ex alcalde de estar coludido con la delincuencia.
De hecho no se lo mandó a decir, en un acto político en poblado del Ocotito, en misma cara y ante cientos de personas, lo encaró y le dijo que tenía vínculos con la delincuencia. Luego de esa declaración, fue emboscado junto a su familia el empresario y en el ataque murió su nuera y su hijo salió herido, historias que por supuesto no se olvidan.
Esta noticia de la respuesta que recibió el empresario por la denuncia pública que hizo con el hoy candidato a gobernador por Guerrero, Moreno Arcos, fue difundida a nivel nacional y ha generado mucho descontento en varios sectores en Chilpancingo.
Y es que la denuncia del también dirigente de la Cámara Nacional de Comercio(CANACO) tiene sustento. El 27 de marzo del 2015, un año después de su denuncia pública, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó en el periódico el Financiero que: existían los narco municipios, expuestos en un informe que entregó la Fiscalía General de Guerrero al CISEN en el mes de mayo del 2014, sobre la penetración del narco en las alcaldías.
Para comprender la magnitud del problema, se puede hacer un ejercicio que permite aproximarse a la realidad que enfrentan los ciudadanos y la autoridad en Guerrero, donde la restauración del Estado de derecho se ha congelado.
La empresa de estudios de opinión Parametría elaboró un informe de las dificultades que están enfrentando las casas encuestadoras para medir las tendencias en los 81 municipios, que representan el 17 por ciento del electorado y enfrentan dificultades en otros 15 donde se concentra el 6.0 por ciento del voto.
Al cruzar esta información con los documentos de la FGR, el Cisen, y la Fiscalía General de Guerrero, es problema lo tienen las alcaldías gobernadas por el PRD y el PRI, penetradas al menos seis organizaciones delincuenciales, es decir que el problema va más allá de los partidos.
Sorprende que entre los 18 municipio de “alto riesgo”, para los encuestadores registrados por Parametría, nueve de ellos, donde se encuentra caso el 7.0 por cieno de los votantes, están controlados por ocho bandas criminales como son: Guerrero Unidos, Los Rojos, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva generación , el de los Beltrán Leyva, Los Granados y los Ardillos. Y en cinco de ellos, los alcaldes fueron señalados de tener nexos criminales.
Uno es Ignacio de Jesús Valladares Salgado, en Teloloapan, en cuya demarcación opera La Familia Michoacana; el segundo es Rey Hilario Serrano, de Coyuca de Catalán, identificado como vínculo con Los Caballeros Templarios y que tiene cuatro averiguaciones previas; el tercero es Mario Alberto Chávez Carbajal, de General Heliodoro Castillo, al que se le relaciona con Los Rojos; el cuarto es Leopoldo Ramiro Cabrera, de Leonardo Bravo, señalado por tener vínculos con la misma organización; y Feliciano Álvarez Mesino que fue alcalde de Cuetzala del Progreso hasta abril de 2014, cuando lo detuvieron por su presunta responsabilidad en delitos del crimen organizado.
Otros municipios bajo esta categoría son Arcelia y Tlachapa, donde el control lo tiene Johnny Hurtado Olascoaga, que se separó de La Familia Michoacana para acercarse al Cártel Jalisco Nueva Generación, el responsable de la ola de secuestros en Valle de Bravo el año pasado. Entre los municipios de “riesgo moderado” señalados por Parametría, sobresalen Zapotitlán Tablas, bajo el dominio de Ulises Espinobarros, jefe de plaza de Los Rojos, y quien es el principal acaparador de goma de opio en la región de La Montaña, donde se cruza la actividad criminal con organizaciones como la Policía Comunitaria, y la guerrilla del ERPI. Su segundo en Guerrero, Enterbio Reyes Olivo, controla Copanatoyac, también clasificado como “riesgo moderado”.
En municipios de “bajo riesgo” sobresale entre la documentación gubernamental el caso del alcalde de Taxco, Salomón Majul González, quien pidió licencia temporal a finales de marzo, y señalado por la Fiscalía de Guerrero y el Cisen por nexos con Guerreros Unidos. Según los expedientes, esta banda criminal también tiene relación con el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, sobre quien existen seis averiguaciones previas por el delito de homicidio en contra del empresario Pioquinto Damián Huato –quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital–, en enero del 2014.
Crescencio Reyes Torres, alcalde de La Unión de Isidro Montes de Oca, y su hermano Pedro, expresidente estatal del PRD y actualmente en la lista de diputaciones plurinominales por la circunscripción de Michoacán, fueron denunciados en enero del año pasado por Servando Gómez Martínez, La Tuta, de colaborar con Los Granados y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otro municipio clasificado de “bajo riesgo” es gobernado por Eric Fernández Ballesteros en Zihuatanejo, presuntamente vinculado con Los Rojos, y que solicitó licencia al cargo en enero pasado.
El árbol de Guerrero en el entorno electoral está lleno de ramas criminales, pero las autoridades federales y electorales sólo han visto a los maestros disidentes como obstáculo para la realización de la jornada electoral. El problema oculto, sin embargo, es la delincuencia organizada. La recomendación al presidente Peña Nieto es que dé luz verde para desmantelar las redes de protección institucional de los criminales en Guerrero, pero aún no toma ninguna decisión. El tiempo sigue corriendo, pero contra el proceso electoral del 2021.
En el caso del candidato a la gubernatura por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre, pesa serios señalamientos en el manejo de los recursos públicos cuando fue alcalde de Acapulco.
Recientemente, el auditor del ayuntamiento Francisco Torres, reveló a medios de comunicación que Velázquez Aguirre, cometió irregularidades groseras y burdas en su administración.
Para el auditor Francisco Torres, las irregularidades cometidas por omisión de Velázquez Aguirre, son groseras y burdas. Pues solo por citar de la auditoría practicada del 1 de enero al 30 de septiembre del 2018, no firmó la salida del dinero de una cuenta a otra y lo que es peor, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) sacan recursos de una cuenta para meterla a otra y luego la cuadraba.
En ese sentido, explicó que al momento de sacar dinero de una cuenta de Capama, hacían la polla y se apropian de recursos de la cajas de dos días de recaudación y luego al meter el dinero de la otra cuenta la cuadraban de tal manera que esos recursos ya no aparecían en la ficha de depósito.
Pero eso no es todo, según el auditor el caso del alcalde es más que grave, pues la Auditoría Superior de la Federación y del Estado, tiene observaciones por un monto de 400 millones de pesos, que tendrá que explicar qué se hicieron con esos recursos.
Entre otras cosas, también se tiene el registro de que se pagaron millones de pesos a proveedores del ayuntamiento y sin tener los soportes correspondientes, es decir nunca se supo en qué se gastaron esos recursos económicos.
Hasta el momento el ex alcalde perredista que actualmente busca la gubernatura por Guerrero, no se ha presentado aclarar sus cuentas públicas ni tampoco a arreglar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.