A querer o no, los hechos violentos ocurridos en las últimas 24 horas ensombrecieron la conmemoración anual de la lucha internacional por los derechos civiles de las mujeres, que en Guerrero ha mostrado avances sensibles durante la gestión de Evelyn Salgado.
Normalistas de Ayotzinapa chocaron anoche con policías del estado en un retén de revisión de vehículos, en la salida a Tixtla. Según la versión oficial, los uniformados fueron agredidos con disparos, tras lo cual los estatales repelieron la agresión y abrieron fuego contra los jóvenes hiriendo a dos y deteniendo a uno más.
Los normalistas, que ofrecieron una conferencia de prensa en la madrugada, dijeron que sus compañeros pararon en algún lugar para comprar cigarros cuando fueron interceptados por policías estatales que los agredieron a tiros, quedando dos de ellos heridos en el interior de la unidad mientras otro logró escapar.
Según la información que ha trascendido, dos de los normalistas fallecieron por los disparos, aunque la Fiscalía General de Estado sólo ha confirmado la muerte de uno de ellos, Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años, oriundo de Tixtla. Hasta el momento de escribir estas líneas se desconocía la identidad del otro joven fallecido.
Este lamentable incidente se produce un día después de que un grupo de supuestos normalistas lanzaron un vehículo contra la puerta principal del Palacio Nacional, en exigencia de un diálogo personal con el presidente de la república, quien recrimina la acción pero confirmó que en 15 o 20 días tendrá un encuentro con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sin la mediación de sus representantes y abogados, señaladamente Vidulfo Rosales, un mercenario que lleva años lucrando con esa tragedia.
Por lo pronto, como lo ofreció Ludwig Reynoso en una conferencia de prensa esta madrugada, el gobierno está obligado a esclarecer lo que pasó, deslindar responsabilidades de los policías estatales implicados -que ya están a resguardo de la fiscalía estatal-, y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, incluidos los normalistas que estuvieron involucrados en los hechos.
De entrada, de acuerdo con la versión gubernamental, los jóvenes de Ayotzinapa viajaban en una camioneta marca Nissan color blanco tipo NP300, modelo 2020, que cuenta con reporte de robo. Además, en su interior los uniformados encontraron un arma corta y presunta droga, lo que agrava la situación de los normalistas que festejan un aniversario fundacional de la escuela de Tixtla.
Según trascendidos la camioneta fue reportada por sus dueños, quienes fueron despojados por los normalistas que andaban de fiesta. Como es habitual en estos casos, el reporte de robo fue rápidamente boletinado a todas las postas de la corporación, que finalmente localizaron el vehículo a la salida de Chilpancingo.
Si, como aseguran los uniformados, hubo intercambio de disparos, es labor de la fiscalía esclarecer plenamente.
Pareciera que los jóvenes estudiantes creen contar con una patente de impunidad con la cual pueden robar, cometer desmanes y vandalismo (como en el caso del Palacio Nacional), sin que nadie deba reclamarles nada. No es así.
El gobierno estatal está obligado a aclarar estos acontecimientos que con seguridad serán usados para darle un nuevo impulso al movimiento de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en 2014.
Debe haber aquí una intervención rápida y determinante de la fiscalía, con la plena coadyuvancia de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de establecer un deslinde claro de estos acontecimientos funestos que podrían crear un clima de ingobernabilidad en el estado, aunque de último minuto el presidente López Obrador ordenó que la Fiscalía General de las República (FGR) sea la que atraiga el caso hasta su total resolución. En una coyuntura así, la FGE quedará como coadyuvante.
Es particularmente importante esclarecer lo sucedido para mandar a la ciudadanía un mensaje irrefutable contra la impunidad, tanto de los policías como de los normalistas que han encontrado en Guerrero un campo fértil para la anarquía política, etiquetada como supuesta lucha social.
Ya basta de tanto vandalismo y atracos que, en la lectura de estos jóvenes desorientados, es una forma de lucha heredada desde que Lucio Cabañas hizo sus estudios en Ayotzinapa.
Aunque por desgracia de este último incidente resultaron dos muchachos muertos, todo debe aclararse y aplicar la ley a quien le toque para que, al fin, la comunidad chilpancinguense pueda constatar que existe la ley y la justicia. Los habitantes de Chilpancingo han sido los principales afectados por los disturbios que, con y sin pretexto, llevan a cabo los estudiantes normalistas.
Si los colectivos feministas pensaban conmemorar un aniversario más de la lucha femenina por los derechos civiles -lucha que comenzó en 1905 en Europa-, lo que pasó durante la noche y la madrugada vino a enlutar toda esta perspectiva.
Es tan grave la ocurrencia de estos hechos, que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado –en la que concurren los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia- se declaró en sesión permanente hasta esclarecer estos hechos de sangre.
Esperemos los resultados preliminares en las próximas horas por parte de la FGR para determinar lo conducente tanto en materia penal como la postura del gobierno estatal en lo social.
Lo único cierto es que la ley y la justicia deben prevalecer, aún si ello implica estudiantes normalistas que deben entender que la ciudadanía lo único que quiere es que estudien. Nada más.