¿Alguien le ha dicho a los jóvenes de Ayotzinapa que sus incursiones bien podrían definirse como conductas delincuenciales que lindan con el terrorismo?
Es hora de dejar en claro que el vandalismo, el robo, la rapiña y la destrucción de bienes de ninguna manera puede ser definido como lucha social. Menos aún cuando se usan explosivos artesanales que cada vez tienen mayor potencial destructivo.
Este nuevo conflicto entre estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno del Estado se generó a raíz del homicidio de Yanqui Kothan Gómez Peralta, la noche del pasado 7 de marzo, cometido por policías estatales. Aunque en principio los policías argumentaron que el
joven había disparado contra los uniformados, lo cierto es que no se encontraron evidencias de ello en el vehículo en que se transportaban.
El pasado 12 de marzo, después de que se conoció la fuga del policía responsable de haber disparado contra el joven Kothan Gómez, los normalistas arremetieron contra la Fiscalía General del Estado, donde lanzaron petardos y bombas artesanales que lesionaron a 20 agentes de la Guardia Nacional e incendiaron 11 vehículos, tanto unidades oficiales como vehículos particulares.
Este 8 de abril, a un mes de ese incidente, los citados estudiantes lanzaron una nueva incursión pero ahora contra la sede del Poder Ejecutivo del Estado, donde prendieron fuego al Edificio Montaña, en cuyo interior incendiaron al menos 11 oficinas y 17 autos,
además de que cientos de trabajadores y trabajadoras huyeron atemorizados del inmueble publico.
Después de la incursión, las autoridades tomaron la previsión de desalojar los edificios públicos y proteger el inmueble del Congreso del Estado, ante la posibilidad de nuevas agresiones de los jóvenes.
Aquí cabe reflexionar en lo que debe o no debe hacer el gobierno estatal ante los exaltados ánimos de estos estudiantes, que han construido un clima de miedo y repudio entre la sociedad chilpancinguense. ¿O acaso alguien cree que todos estos embates de los muchachos de Ayotzinapa constituyen una conducta normal?
Cuando surgió el normalismo rural en la década de los años veinte, formó parte de un proceso civilizatorio de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Por instrucciones del general Obregón se crearon dos tipos de centros formativos: las Escuelas
Normales Regionales y las Escuelas Centrales Agrícolas.
A principios de 1930 ambos proyectos se fusionaron con el nombre de Escuelas Regionales Campesinas, con el fin de ofrecer una oferta educativa viable a los hijos de las familias campesinas de México. Para 1931 ya existían 16 normales rurales en todo el país, como parte de un ambicioso proyecto que construiría maestros campesinos a la par de la formación técnica centrada en la producción agrícola.
Con el paso del tiempo los gobiernos emanados del partido oficial (PNR-PRM-PRI) perdieron interés en el normalismo, cuyas escuelas abandonaron a su suerte. A partir de la firma del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) que fue el inicio del neoliberalismo en México, durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se se puso el énfasis en un marco regulatorio que excluyó de sus planes el normalismo rural.
Este proceso de apertura comercial tuvo su cenit en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que dio preferencia al intercambio comercial con el norte en perjuicio del apoyo al campo y, por ende, del normalismo rural.
En el fondo ese es el reclamo de los normalistas de Ayotzinapa: que no le den atención y presupuesto suficiente a sus planes de estudio, su alimentación y, en suma, a su existencia como integrante de los planes educativos para los sectores campesinos de México –en este caso, de Guerrero-.
Claro que tampoco es la manera de hacerse notar, porque en los hechos tratan al gobierno como enemigo cuando es la instancia que en teoría les proporciona el sustento y las plazas para que puedan trabajar formalmente, lo que permite culminar la transformación de clase social en transición a clase integrada al mercado laboral, que es lo deseable.
Así, en lugar de cerrar la escuela el gobierno estatal estaría éticamente obligado a revisar las condiciones de los jóvenes de Ayotzinapa, sus planes de estudio (siguen estudiando materias que tienen su base en el marxismo-leninismo, lo que en otros países
ya es parte de los museos) y erradicando el autogobierno que tanto daño le ha hecho a esa escuela, donde el director en los hechos es una figura de ornato.
Claro que las condiciones reales de los jóvenes de Ayotzinapa seguramente son mucho peor de lo que percibimos. Pero por algo debe empezarse. La tragedia ocurrida en 2014, cuando 43 muchachos fueron desaparecidos por criminales con la colusión de algunas corporaciones, fue un parteaguas en la vida pública
del Estado de Guerrero. Esa desgracia -que aún no termina de esclarecerse- generó un clima de ingobernabilidad como no se había visto desde los años setenta.
Es por eso que el gobierno de López Obrador está obligado a resolver de una vez por todas lo que pasó con los jóvenes normalistas para cerrar esa herida que aún supura dolor
y rencor por lo sucedido. Si es verdad que el Ejército estuvo involucrado, López Obrador debiera dejar en claro lo que pasó y castigar a los responsables.
A las par, el gobierno estatal tendría que asignar personal desarmado para contener los embates de los estudiantes, con el fin de que terminen con sus actitudes de hostilidad contra todo lo que se mueve, lo que termina por afectar la paz social de la población de Chilpancingo o de las ciudades que se les ocurre visitar –utilizando para el efecto autobuses secuestrados, saqueando vehículos con mercancía y vandalizando inmuebles públicos y privados-. No sólo eso, así como han sido agredidos por fuerzas policiacas, también ellos han causado tragedias que terminan en homicidios (el caso de Gonzalo Rivas Cámara, por ejemplo) de los que jamás se hicieron responsables.
¿Estos son los futuros educadores de nuestros niños y niñas?
Convendría que el gobierno valore la posibilidad de una revisión profunda de Ayotzinapa y, de ser posible, una reconversión de esa escuela para convertirla en un activo para la población campesina, tal como era el proyecto original.
¿Cómo ve usted, amigo lector (a)?