De vendedor de artículos para cocina a director general de Capama
Por: José Antonio Rivera Rosales
La expedición fraudulenta de un título académico para beneficiar a un funcionario municipal -mencionado como probable candidato morenista a la alcaldía de Acapulco-, puso al descubierto una presunta colusión de intereses entre funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y el gobierno de Abelina López Rodríguez.
La información, que ya constituye un escándalo en círculos políticos, surgió a la luz pública con el nombramiento reciente de Hugo Lozano Hernández como director de la paramunicipal Comisión de Agua Potable de Acapulco (Capama), nombramiento que le fue otorgado por la alcaldesa López Rodríguez.
Antes de ser nombrado director general, Lozano Hernández ya se desempeñaba como director comercial del organismo operador del agua potable en Acapulco.
En corrillos políticos, sin embargo, la versión es que Lozano Hernández fue designado como director general porque se trata de darle mayor visibilidad y acceso a recursos para
postularlo como candidato a la alcaldía por parte del grupo político de la edil morenista, luego de que durante dos administraciones municipales el ayuntamiento ha sido presidido
por mujeres.
Fuentes confiables que pidieron el anonimato revelaron que en el círculo cercano de Abelina López decidieron lanzar como candidato a la alcaldía a Lozano Hernández, quien
es sobrino de la secretaria del Bienestar y Desarrollo Comunitario, Leticia Lozano Zavala, operadora política de Abelina López. De esta manera, este grupo político pretende asegurarse el control de los recursos del municipio que concentra el 70 por ciento de la actividad económica y el 25 por ciento de
la población de Guerrero.
Si se respeta la alternancia de género impuesta en Morena por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión tocaría elegir a un varón como candidato guinda para la presidencia municipal de Acapulco. Según encuestas conocidas, cualquiera que sea el candidato de Morena ganaría de calle la alcaldía dado que ese partido cuenta con más del 50 por ciento de las preferencias, por lo menos en Acapulco.
Lo delicado del asunto es que, según marca el Reglamento Interno de Capama, para ejercer el cargo de director general, el pretenso debe contar con un título de estudios profesionales y con una experiencia profesional previa de cinco años. Nada de eso tiene Hugo Lozano.
Para ser designado como director general, Lozano Hernández acudió a un grupo de amigos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) que de manera fraudulenta le gestionaron un título de licenciatura en contaduría con el fin de cubrir el requisito. Por ese favor, Lozano habría pagado cien mil pesos a sus amigos universitarios, según ha trascendido.
En realidad, este joven funcionario cursó la licenciatura en contaduría en la universidad pública, pero al salir con un promedio de 8.3 estaba obligado a presentar tesis, según
marca la normatividad interna. Nunca presentó la tesis.
De acuerdo con información interna de Servicios Escolares, el funcionario comenzó a cursar la carrera en 1999 y la terminó en 2004. Su titulación se produjo apenas en septiembre pasado -hace menos de un mes-, precisamente unos días antes de su
designación como director general de la Capama, que se produjo el pasado 22 de septiembre. Sin embargo, hay algunas irregularidades que obligan a la rectoría, a cargo de Javier
Saldaña Almazán -quien asumió su tercer rectorado el pasado 27 de septiembre-, a través del Órgano de Control Interno del Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE), a investigar las graves anomalías cometidas para liberar el título al funcionario.
¿Cuáles fueron esas irregularidades?
Un análisis exhaustivo al kardex de Lozano Hernández permitió saber que se produjo una alteración en sus calificaciones al menos en tres materias (Administración IV, Contabilidad IV y Estadística I, todas del cuarto semestre), que le permitieron incrementar su promedio final de 8.3 a 8.5, con lo cual alcanzó el nivel necesario para su titulación automática. El título fue expedido apenas el 11 de septiembre con la firma del rector
saliente José Alfredo Romero Olea.
La modificación quedó registrada en el sistema el 20 de julio de 2023, lo que consistió en subirle de 7 a 10 en las dos primeras materias y de 8 a 10 en la tercera. De este modo, con el cambio ilegal de calificación su promedio subió a 8.5208, lo que le permitió la titulación automática.
Fue de esa manera que Lozano Hernández obtuvo su título de licenciado en Contaduría, lo que le permitió aceptar el nombramiento como director general de Capama, aunque
aún sigue sin cumplir el requisito de contar con cinco años de experiencia profesional previa, dado que acaba de recibir el dichoso título. Sobre la carencia de perfil profesional para atender la grave problemática del agua potable en Acapulco, Leonel Galindo González, exdirector de la paramunicipal, en
entrevista con medios locales, comentó textualmente:
“Hasta donde sé, su perfil profesional (de Hugo Lozano) antes de llegar a la Capama era como vendedor de utensilios de cocina para los hoteles, y con esos antecedentes obviamente no tiene el perfil adecuado para hacer cálculos técnicos”.
Efectivamente, antes de fungir como director comercial de la paramunicipal, Lozano Hernández se dedicaba a vender utensilios de cocina de una marca conocida en hoteles y
establecimientos de comida.
El dato, inclusive, está asentado en su ficha de información curricular de la Capama, donde se asienta que, durante diez años, de febrero de 2012 a febrero de 2022, se dedicó
a vender artículos de cocina para la firma Royal Prestige. Eso sí, eran artículos caros, que no cualquiera podía pagar.
Esos son los antecedentes del nuevo director general de Capama y, en fecha próxima, probable candidato a la alcaldía de Acapulco por parte del grupo político de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
Según fuentes internas de la UAGro, quienes urdieron la titulación fraudulenta de Lozano Hernández fueron dos funcionarios de Servicios Escolares: Pedro de la Cruz García
y Víctor Manuel Santamaría Guzmán, quienes están bajo investigación de la rectoría según trascendidos.
De acuerdo con la misma información, el documento de titulación lo imprimieron el día 20 de julio de 2023, tarea que estuvo a cargo de De la Cruz García, encargado del departamento de títulos en la Zona Sur, aunque gran parte de la operación ilegal estuvo a cargo de Santamaría Guzmán. Esos dos funcionarios universitarios están asociados nada menos que con el abogado general de la UAGro, Jaime Kahan Hernández, quien ha ocupado varios cargos dentro de la administración escolar. El primero de junio de 2017, Kahan Hernández fue nombrado director de Administración Escolar, cartera que ocupó hasta el 15 de octubre de 2021, presuntamente nombrado por Javier Saldaña Almazán durante su anterior rectorado.
Esa es el área donde se hacen todos los trámites de titulación y se lleva el control interno del sistema SASE. Es el espacio laboral de los dos implicados en la titulación fraudulenta, quienes durante ese periodo estuvieron bajo el mando de Kahan Hernández. Según información de transparencia, Kahan ha transitado por cinco cargos en la administración universitaria: Jefe del Área de Admisión de la Zona Sur, Asesor del rector en Admisión Escolar, Asesor de la Fundación UAGro, Director de Administración Escolar y, en la actualidad, Abogado General de la universidad. Pero este mismo personaje -quien hasta el momento sigue fungiendo como abogado general- es todo un caso: parece ser poseedor del don de la ubicuidad, pues cuenta con siete títulos académicos, incluyendo maestrías e inclusive un doctorado, lo cual resulta improbable.
De hecho, de ahí derivan las sospechas sobre sus actuaciones.
Antes de llegar acceder a algún cargo en la UAGro, Kahan Hernández se desempeñó como director del Instituto Municipal de la Juventud de 2015 a 2017, durante el periodo del alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre. Por eso resulta imposible que haya obtenido títulos universitarios de licenciatura y maestría cuando fungió con un cargo municipal de tiempo completo y, posteriormente, como director de Administración Escolar en la universidad, que también es un cargo de tiempo completo.
Previsor como parece ser, el exfuncionario municipal se basificó como Administrativo A en el mismo Instituto de la Juventud con número de base 11734, base laboral a la que no
tenía derecho.
A la fecha, el abogado general de la universidad sigue cobrando su sueldo quincenal de 13 mil 720 pesos, como si trabajara tiempo completo, al mismo tiempo que cobra su salario en la UAGro. Este individuo es una de las herencias de Evodio Velázquez, quien ahora está haciendo campaña por un escaño senatorial como parte del Frente Amplio por
México (FAM).
Pero en la universidad, resulta ser pieza clave para desentrañar los enredos de la emisión de títulos fraudulentos que, según todos los indicios, han vendido al mejor postor.
Lo que incluye al ahora director general de la Capama.