Varias preguntas quedan aún sin resolver en este caso que estremeció a la sociedad mexicana
Acapulco Gro.,28 de septiembre del 2017(ABC)Pasan ya tres años desde que un grupo de 43 estudiantes mexicanos desapareció en Iguala, un municipio ubicado en el suroeste Estado de Guerrero. Entonces, los jóvenes de unos 20 años, que eran estudiantes de magisterio de escuela normal de Ayotzinapa, se dirigían a la Ciudad de México para participar en una protesta en la capital. Pero antes, estos estudiantes -de ideología marxista- decidieron dirigirse primero al municipio de Iguala para boicotear un acto político local, sin embargo, fueron detenidos por la policía en el trayecto. A partir de ahí comienza un complejo laberinto de dudas alrededor de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre de 2014 según la versión oficial y sólo una certeza: seis de esos estudiantes fueron encontrados muertos y 43 están aún desaparecidos.
La desaparición forzada de Iguala es un caso que significó un punto de quiebre entre el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto y la sociedad mexicana. Elegido en 2012, Peña Nieto había traído un soplo de aire fresco a la presidencia del país tras lograr un acuerdo histórico entre los tres grandes partidos -PRI, PAN y PRD- para realizar una decena de reformas estructurales que buscaban modernizar la economía mexicana. Algunas de ellas eran clave, como la reforma financiera, que buscaba que más gente tuviera acceso al crédito, o la energética, que abría el sector energético a la inversión extranjera por primera vez en casi 100 años. Pero el mal manejo de la crisis que realizó el Gobierno, junto a las contradicciones y las débiles evidencias que en algunos momentos presentó la investigación oficial cómo explicación sobre qué paso con los 43 estudiantes, acabó con el buen inicio que tuvo el presidente durante este Sexenio.
La teoría oficial es la siguiente. La policía detuvo a los estudiantes y los entregó al cartel local llamado Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero ubicado en las montañas. El motivo fue que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó su detención porque el evento que iban a sabotear era de su mujer, María de los Ángeles Pineda, cuya familia ha estado vinculada al crimen organizado. La intención del alcalde, un tipo también relacionado con la mafia, sería dar un aviso a futuros grupos de estudiantes de izquierda que osaran meterse con él. Esta versión se sustenta en el testimonio de varias personas que fueron detenidas tras la desaparición.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a cinco especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Los expertos llevaron a cabo diferentes pruebas para corroborar la versión oficial, pero llegaron a la conclusión de que el relato no se sostenía. Primero, dijeron que los testimonios podían haberse conseguido mediante torturas de la policía a los detenidos y, segundo, rechazaron la idea de que los estudiantes habían sido calcinados en aquel basurero, ya que llevaron a cabo diferentes pruebas científicas en la zona donde supuestamente habían sido quemados. Tras terminar su trabajo, los especialistas se marcharon del país y acusaron al Gobierno de querer ocultar la verdad, lo que dejó muy mal parada a la administración de Peña Nieto.
Luego llegaron los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense a inspeccionar la zona del basurero, dado que los familiares no se creían la versión que ofrecía el Ejecutivo. Durante sus labores de investigación, los argentinos encontraron un hueso en un río que corroboraron que se trataba de uno de los 43 jóvenes. Y al mismo tiempo, meses después la Fiscalía mexicana publicó un estudio que decía que en el basurero habían sido calcinados alrededor de 17 cuerpos, pero no se logró crear un vínculo con los estudiantes desaparecidos.
Y tres años después, esto es a grandes rasgos todo lo que se sabe del caso Ayotzinapa, un evento que por el momento deja 130 personas acusadas de participar en el crimen, pero ninguna de ellas ha sido sentenciada por la desaparición de los jóvenes normalistas. Las familias siguen enfrentadas con la versión oficial y en cada manifestación que realizan siguen emitiendo su lema «vivos se los llevaron, vivos los queremos» en las muchas marchas que todavía realizan hasta el día de hoy. De hecho, para este tercer aniversario han realizado una marcha silenciosa por el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México -como el Paseo de la Castellana en Madrid- para demandar que se investigue qué pasó realmente con sus familiares.
Sea como fuere, Ayotzinapa supuso un shock del que México trata todavía de recomponerse, ya que evidenció para muchos ciudadanos del país cosas que ya se sabían como la compenetración que existe entre policía, pequeños gobiernos locales y organizaciones delictivas. Todo eso en caso de que sea cierta la teoría oficial. Pero ante la posibilidad de que esta no fuera la correcta y sí la de los expertos, deja entrever la imagen de un Estado ue entorpece las labores de investigación de expertos independientes. Qué tienen que esconder las autoridades en este caso es una pregunta que muchos mexicanos a día de hoy se siguen realizando. ¿Dónde están los 43 estudiantes?