Por: Marco Antonio Mönge Arévalo Chilpancingo, Gro., a 29 de junio de 2017.— La guerrilla fue la línea de investigación a la que le dio especial énfasis la ex titular de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), Martha Elba Garzón Bernal, en el caso Chavarría, pese a que desde 2010 el Juzgado Séptimo de Distrito había desechado esa teoría.
El pasado lunes, 26 de junio, el actual fiscal estatal, Javier Olea Peláez, afirmó ante diputados locales que sólo “una procuradora, que duró 12 meses—refiriéndose a Garzón Bernal— inició con talento y responsabilidad las investigaciones. Antes y después no hay nada”, sostuvo.
La expocuradora del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero, propuso en su plan de trabajo continuar con el seguimiento de las cuatro líneas de investigación establecidas por sus antecesores, pero “principalmente con las líneas relacionadas con la [sic] subversivos y delincuencia organizada”, marca la Séptima Etapa de la Investigación, Tomo VIII, del Caso Chavarría.
En el documento al que tuvo acceso este autor, Garzón Bernal sella como principal línea de acción indagar sobre la guerrilla. En el expediente oficial se lee que elaboró su plan de trabajo para el caso Chavarría en ese sentido, para “fortalecer y acreditar jurídicamente la veracidad del testimonio del C. Raúl Jiménez García”, indica.
Raúl Jiménez García, es el testigo que supuestamente delató una reunión convocada en Tlapa de Comonfort, lugar en el que el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) aparentemente organizó el asesinato del entonces diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero.
El 17 de agosto de 2016, este autor —en un amplio reportaje titulado Operación Tlapa— dio a conocer que la guerrilla no fue quien asesinó al diputado local, pues el testimonio de Jiménez García fue desechado por el Poder Judicial de la Federación mediante el juzgado de distrito, y confirmado por el Tribunal Unitario de Circuito desde 2010.
Pese a ello, el documento oficial, fecha que el 11 de octubre de 2012 Garzón Bernal apostó a “fortalecer y acreditar jurídicamente la veracidad del testimonio del C. Raúl Jiménez García; establecer legalmente y correctamente la identidad de todas y cada una de las personas señaladas en su declaración ministerial; la identidad de los autores materiales e intelectuales de este crimen; el móvil del asunto, y el esclarecimiento total del caso y los que resulten de su investigación” [sic].
La exprocuradora quería fortalecer la teoría de la guerrilla y marcó 47 acciones a realizar entre las que destacan la solicitud de antecedentes penales de Ramiro Salgado López y/o Omar Guerrero Solís (a) El Comandante Ramiro, Miguel Ángel Serafín Juárez (a) El Comandante Beto y de Cayetano Alvarado Palacios (a) El Cuche Blanco, entre otros supuestos guerrilleros y participantes en la reunión de Tlapa; ubicar varios domicilios en Iguala de la Independencia y números telefónicos de la misma zona.
En el informe se lee que al Registro Civil estatal solicitó certificados de “nacimiento, matrimonio, defunción o cualquier otro dato, de las personas que responden a los nombres de Raúl Jiménez García, Ismael Contreras Martínez, Marcelino De La Paz Liberato, Roberto Ángel García, Miguel Ángel Serafín Juárez, Demetrio Rosendo López, Camerino Florentino Cayetano, Miguel Díaz Escobar, Cayetano Alvarado Palacios, Bertoldo Martínez Cruz, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Ajís (quienes de acuerdo a lo manifestado por Raúl Jiménez, pertenecían al ERPI)” [sic].
Requirió averiguaciones previas, entre las que destacan la ALLE/SC/03/215/2009 del asesinato de los líderes mixtecos, Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas; ALLE/SC/03/215/2008 del homicidio del exalcalde de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos; BRA/SC/AM/06/1340/2009, del asesinato del guerrillero, Ramiro Salgado López y/o Omar Guerrero Solís (a) El Comandante Ramiro.
De igual manera demandó información a la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a antecedentes criminalísticos de Jacobo Silva Nogales (a) El comandante Antonio y Gloria Arenas Ajís (a) La Coronela Aurora; además preguntó a esa esa institución si habría prestado a elementos policíacos como escoltas a la familia Chavarría.
Resalta que en el punto 23 la exprocuradora pidió información a su homólogo del entonces Distrito Federal, respecto al homicidio de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Placido, “ya que por información difundida en los diferentes medios de comunicación nacionales (televisivos, escritos e internet), se tiene conocimiento que la persona de referencia fue encontrada privada de la vida el día diecinueve de octubre del año dos mil nueve, en la Ciudad de México Distrito Federal” [sic], justifica en su petición.