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Presenta diputada Diana Bernabé Vega iniciativa para que el despojo de bienes hacía nuestros adultos mayores, sea catalogado como delito de explotación financiera

Política
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Chilpancingo, Gro., a 21 de febrero de 2014 - Siguiendo uno de los principios básicos de la moralidad y el humanismo, el cual es velar por los intereses de los grupos mas vulnerables de nuestra sociedad, la legisladora del grupo parlamentario de morena y miembro de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, busca salvaguardar la integridad económica de los adultos mayores mediante una iniciativa que busca blindarlos de despojos de sus fianzas.

El día de hoy, durante la sesión de la comisión permanente, la diputada Diana Bernabé Vega menciono que el despojo de los bienes es una de las afectaciones más frecuentes que sufren los adultos mayores a los 60 años, ya que se ha convertido en una práctica común, y que lamentablemente en el mayor de los casos se lleva a cabo por los mismos familiares. A su vez el abuso financiero sucede, cuando un familiar, amigo o cuidador roba dinero de una persona mayor que generalmente tiene a cargo a su supervisión.
Enfatizó que el abuso financiero es muy complejo y multifacético con graves consecuencias, para las personas afectadas, es un problema creciente en México, se trata de un tipo de violencia que priva a los adultos mayores de sus recursos económicos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad y pobreza. En el ámbito individual la perdida de ingresos puede empujar a los adultos mayores a la pobreza y la precariedad, limitando su acceso a necesidades básicas tales como vivienda, salud y seguridad, por otro lado, la incertidumbre financiera puede ocasionar enfermedades como la depresión, ansiedad, enfermedades cardiacas y diabetes.
Por ello propone adicionar el artículo 246 Bis, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499, en el cual se comete el delito de explotación financiera, al que por cualquier acto u omisión controle, manipule, retenga o sustraiga los bienes económicos, salarios, pensiones o ingresos de las percepciones de una persona y se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de seiscientos a dos mil días de multa. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima es un adulto mayor y/o pertenece a un grupo vulnerable.
Esta iniciativa busca velar por los intereses de los adultos mayores y hacerles ver que en el congreso se tiene una legisladora que conoce la realidad de su distrito, así como las principales problemáticas que atraviesan los grupos vulnerables como los aquellas y aquellos que ya han recorrido su vida y han dejado grandes aportaciones desde sus trincheras, y solo se merecen una vejez digna.