Por: Misael Habana de los Santos / Cuando Evodio Velázquez Aguirre (EVA) recibió a Xóchitl Gálvez en el aeropuerto de Acapulco, él ya había sido notificado que el 9 de agosto pasado el Tribunal Administrativo había iniciado un procedimiento en su contra y contra sus “amigos”, siete funcionarios de la saqueada Capama, por lo que legalmente son considerados presuntos responsables de conducta administrativa grave.
Esta falta grave se traduce en lenguaje popular como corrupción en el manejo de los recursos públicos y lamentablemente es una conducta generalizada de todos los políticos y funcionarios de todos los partidos políticos que llegan al gobierno.
Los presuntos responsables, además de la cabecilla del grupo, el alcalde de Acapulco (EVA) cuando ocurrieron las irregularidades denunciadas por el director de la Capama del siguiente gobierno, Leonel Galindo González son: Jorge Gerónimo Vargas Jijón; Guillermo Adolfo Galeana Salas; Margen Cortés Contreras; Elsa Añorve Jiménez; Gaudencio Teliz Moctezuma; Alejandro Olea Flores y Samanta Cabrera Radilla. Todos ellos fueron funcionarios públicos de la Comisión de Agua Potable (Capama) durante el gobierno municipal de Aguirre Velázquez.
El tribunal Administrativo, de acuerdo con la Ley, los conmina a presentar pruebas en su contra por los señalamientos, incluyendo el desvío de recursos públicos, informando haber admitido el expediente (TJA/SRA/IV//JRAG/002/2023) de presunta responsabilidad administrativa grave. El presunto delito grave de desvío de recursos públicos para beneficio del grupo de funcionarios denunciados, organizados para cometer la falta en contra del patrimonio público, se sintetiza en lo siguiente: el “robo” de un terreno propiedad de la Capama en Los Cabos, “comprado” por estos funcionarios en 250 mil pesos cuando su valor era de 12 millones de pesos.
El hotel El Presidente Acapulco, siempre citando a la fuente, tenía un adeudo de 12 millones de pesos por servicios a la Capama. Después de un acuerdo con los mismos funcionarios acusados por desvío de recursos, el hotel pagó la deuda a la paramunicipal con un terreno que se encuentra en Los Cabos, en el estado de Baja California.
Una vez entregado el terreno en una extraña operación realizada por el grupo de implicados en el delito, los funcionarios municipales pagaron “a su manera” el adeudo del hotel a la paramunicipal y se quedaron con el terreno, haciéndose una rebaja significativa, que alcanzó los 250 mil pesos por el predio.
Finalmente, según la fuente, el terreno ubicado en Los Cabos fue vendido por los nuevos propietarios en una operación millonaria que superó el precio que le asignó el hotel.
Todo este misterio se ha ido develando al público poco a poco, aunque la corrupción en la Capama era un secreto a voces, organismo que quienes han dirigido han construido fortunas personales con la protección de los presidentes municipales.
Lo que se investiga en este proceso sobre las acusaciones de corrupción en la Capama es preocupante y refleja un problema persistente en la administración pública en muchos lugares.
Esperemos que se realice una investigación justa y que, si se comprueban las acusaciones, se tomen medidas adecuadas para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. La lucha contra la corrupción es esencial para el buen funcionamiento de cualquier sociedad.
Capítulo a capítulo nos iremos enterando más sobre este asunto, como una serie de televisión nacional mal hecha, con pésimos actores, producción elemental y la misma historia de siempre, pero con mucho éxito comercial.
¿Habrá informado EVA a la candidata conservadora del PRIANRD sobre esta falta, donde el Tribunal Administrativo lo señala como presunto responsable de conducta administrativa “grave”? ¿Habrá que esperar mucho tiempo para el desenlace de esta tragedia de corte cevichero: Acapulco en los tiempos del cinismo y la corrupción? Cuando por la obviedad de la trama, en un maratón sabatino frente a la pantalla, bien podríamos terminar esta vergonzosa serie con un final feliz: cárcel para los implicados y devolución al pueblo lo robado.