Detenido en Jartum el número dos de un grupo rebelde
(ABC) La represión por parte del Ejército de Sudán ha dejado al menos 60 muertos y más de 320 heridos, después de que los militares asaltaran el campamento de los opositores en la capital Jartum, y en los disturbios posteriores. El Comité Médicos, un sindicato vinculado a la oposición, eleva la cifra de fallecidos a 100 y denuncia que 40 cuerpos habrían sido recuperados del río Nilo, según la BBC. Se trata de la peor oleada de violencia desde que el ejército derrocó al expresidente Omar al-Bashir en abril y tomó el control del país.
El Consejo Militar de Transición (TMC, por sus siglas en inglés) dio la orden de desalojar la plaza ubicada enfrente del cuartel del Ejército, abarrotada desde marzo por centenares de sudaneses que pedían en primer lugar la salida de al-Bashir y después, la entrega del poder a un Gobierno civil. La redada provocó una ruptura entre los poderosos líderes militares y los grupos de oposición (aglutinada en la formación denominada Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio) que habían estado negociando durante semanas sobre quién debería liderar la transición a la democracia. La respuesta de los opositores a la represión de los militares (quienes volvieron a cortar los servicios de internet y la emisión de las cadenas de radio) fue el levantamiento de barricadas en las principales arterias de la capital.
Reanudar las conversaciones
En medio de este clima de tensión, la junta militar anunció este miércoles su disposición a reanudar las conversaciones sin condiciones con todas las fuerzas políticas del país. «Los miembros del consejo militar extendemos nuestras manos a negociaciones sin cadenas por el bien de nuestra patria», dijo el teniente general Abdel Fattah al-Burhan en un discurso televisado. Sin embargo, un grupo de opositores ha rechazado la invitación al diálogo alegando que no se puede confiar los militares que dirigen el país desde la caída de al-Bashir.
La oferta de al-Burhan se produjo a medida que aumentaban las críticas internacionales por la represión y la violencia por parte de los militares. Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, han criticado duramente la actuación de las fuerzas de seguridad sudanesas de los últimos días.
El día antes del anuncio, el ejército había decidido cancelar todos los tratos con la oposición para formar un Gobierno de transición y anunció la convocatoria de elecciones anticipadas en un plazo máximo de nueve meses. El vicepresidente de la junta, Mohamed Hamdan Daqlo, explicó que las negociaciones con la oposición civil se habían desviado y conducían a un nuevo «régimen todavía más totalitario».
Fuerzas de la oposición mostraron su rechazo a que se celebren elecciones antes de que se juzguen a los responsables del represivo régimen de Al-Bashir y de que se lleven a cabo profundas reformas para desmontar las estructuras del Estado.
El mismo día que el consejo militar se mostraba, de nuevo, favorable al diálogo se producía la detención de Yasir Arman, un líder rebelde que había regresado al país del exilio tras la caída de al-Bashir el 11 de abril. Arman, número dos del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), fue condenado a muerte por su participación en una revuelta contra el régimen del anterior jefe del estado sudanés.