Una juez ordena al Gobierno de Trump que detenga esta práctica en los centros
Acapulco Gro., 04 de agosto del 2018 (ABC) «Tomaba nueve pastillas por la mañana y siete por la tarde. No sé qué tipo de medicación me estaban dando, porque nadie me lo explicó. No sé cuál es mi diagnóstico o enfermedad. Gente del personal de Shiloh provocaba a los niños de manera intencionada para que nos enfadáramos. Buscaban que reaccionáramos de forma violenta para así poder ponernos inyecciones. El personal nos insultaba y nos decía cosas del tipo “hijo de puta”. Habitualmente lo hacían en inglés, pero yo lo entendía porque sabía algo de inglés, por lo que me enteraba de lo que decían y me ponía realmente furioso».
El de Julio es uno de los relatos recogidos por la BBC y que forman parte de la demanda que ha resuelto la juez de California. Según explicó, los empleados de Shiloh le amenazaban con tirarle al suelo y le forzaban a tragarse las pastillas. «Me dijeron que si no me tomaban la medicina no me podía ir de ahí, que la única forma de salir de Shiloh era tomándome las pastillas». En 20 meses, añadió, «engordé 20 kilos».
De las muchas caras amargas que muestra la política de inmigración en EE.UU., la del trato a los menores es posiblemente la más penosa. Y las historias que se van conociendo, relatadas por los propios afectados, podrían formar parte de una película o novela de terror. El pasado lunes, una jueza de Los Ángeles ordenó que, salvo que cuente con autorización u orden judicial, el Gobierno debe dejar de administrar medicamentos psicotrópicos a niños inmigrantes, salvo en caso de emergencia. La decisión de la jueza Dolly Gee se refiere a una de las instalaciones que el Gobierno tiene en Texas para poner bajo custodia a menores inmigrantes, el Centro de Tratamiento de Shiloh, en la localidad de Manvel.
Sin certificados
Shiloh, al que precede la fama, es uno de los centros de gestión privada contratados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud del Gobierno. Acoge un máximo de 44 niños en condiciones más restrictivas que otros refugios, porque está pensado para recibir a menores cuyo comportamiento puede poner en riesgo a otros o a sí mismos. Pero, ¿quién define el riesgo?
Los abogados que representan a varios menores de Shiloh se han mostrado preocupados porque, aunque la jueza ha pedido al Gobierno que realoje a los niños en otros centros, ha dado permiso para que sigan en él los que supongan un riesgo. Tal y como denuncian los abogados, son los propios contratistas los que lo determinan ese riesgo.
Personal de Shiloh ha admitido que ellos mismos firmaban el consentimiento para administrar los medicamentos. El Gobierno les ha respaldado porque dice que solo se administraban en casos «de síntomas psiquiátricos extremos». Según informó en junio «Reveal», proyecto del Centro para el Periodismo de Investigación, el psiquiatra de Shiloh encargado de prescribir la medicación, Javier Ruiz-Nazario, lleva ejerciendo años sin contar con el certificado de psiquiatría que habilita trabajar con menores, que perdió en 2000 al no cumplir con los requisitos para su renovación. El Gobierno ya no exige contar con certificación oficial de los órganos médicos competentes para trabajar en estos centros pero, sin embargo, en el caso de Ruiz-Nazario, ha defendido ante la juez que este psiquiatra la tenía. Su nombre aparece en los testimonios de los menores que relatan abusos y suministro de medicación, que incluye tanto antipsicóticos como antidepresivos.
Nueve pastillas diarias
Maricela, otra de las menores, se quejó por recibir excesiva medicación. Hasta cuatro pastillas por la mañana y otras cinco por la noche sin explicación. «Cuando tomo esa medicina, no tengo ningún ánimo. Me han dado dolores de cabeza, he perdido el apetito y he tenido náuseas». Además, Maricela fue testigo de cómo varios empleados del centro inmovilizaban a una compañera mientras un médico le ponía inyecciones.
Los menores de Shiloh son solo una pequeña parte de los cerca de 10.000 niños migrantes que el Gobierno mantiene bajo custodia y cuyos casos han salido a la luz en plena oleada de indignación mundial por las consecuencias de la política de separación de familias que el Gobierno de Trump mantuvo en activo durante meses. En este caso, el Gobierno aseguró ante el juez Dana Sabraw, que sigue el caso de la reunificación familiar, que más de 1.900 niños han sido devueltos a sus padres o se ha resuelto su situación, y que cientos de niños todavía siguen solos, incluidos los hijos de más de 400 padres que ya han sido deportados del país.
Por otro lado, según una asociación de defensa de los derechos de los inmigrantes, un grupo de padres que se encuentran detenidos ya junto a sus hijos se habría declarado en huelga de hambre para exigir su liberación. Desde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo han negado.